sábado, 29 de junio de 2013

DOS POSICIONES ENFRENTADAS

En pocos días, el Estado uruguayo deberá informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH), los avances en el cumplimiento de la sentencia en el caso Gelman.
Seguramente es muy poco lo que el país podrá decir acerca de dicho asunto, ya que es público y notorio que en lugar de avances lo que ha habido son retrocesos, en virtud de la retrógrada posición de la Suprema Corte (permítaseme obviar el apellido que no le calza muy bien).
Para clarificar la situación en la que estamos, intentaré comentar la ponencia del Dr. Pablo Chargoñia en la Mesa Redonda organizada por la Mesa Permanente contra la Impunidad que se llevó a cabo el 17 de mayo pasado en el Paraninfo de la Universidad.

EL PISO MINIMO

Lo primero que señala Chargoñia, es que en marzo hubo una “resolución de supervisión” de la CIDH que ha explicado el alcance de la sentencia en el caso Gelman, que es muy clara y enfática, y que establece que tiene efecto no solo para los casos de María Claudia García y Macarena Gelman, sino que es de alcance general.
Dice el abogado de derechos humanos que la CIDH “da mensajes clarísimos al Poder Judicial, y dice que la posición de la SCJ podría –textualmente- representar un instrumento de perpetuación de la impunidad”. También dice Chargoñia que la resoluciónle recuerda que sus fallos son vinculantes, que el fallo del caso Gelman pasó en autoridad de cosa juzgada internacional, es decir no puede ser revisado, es imputable, no es modificable, no lo puede modificar ni siquiera la propia Corte Interamericana. Dice lo que dice y que tiene que ser cumplido en su integralidad”.
Y explicó que además que la propia CIDH, en su resolución, “asegura que el cumplimiento cabal exige la comprensión de la totalidad de la unidad del fallo, de sus aspectos dispositivos y sus aspectos expositivos, dice claramente y ratifica:.. “tiene alcance general”. No refiere solamente al caso María  Claudia García de Gelman y el caso Macarena Gelman, que forman parte obviamente de la sentencia, sino a todas las demás graves violaciones de los dd.hh. Lo dice y lo ratifica”.

DOS POSICIONES ENFRENTADAS

Retomando lo dicho por el Dr. Chillier, director del CELS Argentina, orador que lo precedió, Chargoñia dijo que probablemente sí, haya una situación inédita en nuestro país, en que hay fiscales y jueces que confrontan con la mayoría de la SCJ.
A su modo de ver, en la justicia uruguaya hay 2 posiciones radicalmente enfrentadas”, y las expone de esta manera: “Por un  lado una situación de desprotección, que yo por un afán o por una necesidad de síntesis, llamaré “la tesis de la muralla de Ruibal”, de desprotección del derecho a la tutela judicial efectiva,  violación contumaz, permanente del derecho humano, reconocido por el artículo 72 de la Constitución, a que los tribunales amparen a las víctimas”.
Sería esta la posición que claramente deja en un estado de desprotección el derecho humano a la tutela judicial efectiva, y constituiría “el corazón de la cuestión de la impunidad, la violación del derecho humano a la tutela al amparo de los tribunales”.
“De un lado la “muralla de Ruibal” incumpliendo con la sentencia del caso Gelman, prevaricando como dicen acá en la mesa, desacatando a la orden del Tribunal Internacional, que no es una sugerencia, que no es una recomendación, que es una orden, que es una sentencia de condena”. “Tesis que conduce, (...) al debilitamiento de todo el sistema de protección de los dd.hh., al sistema interamericano de protección de los dd.hh”.
Y por otro lado, tenemos jueces  letrados que intentan cumplir, proteger el derecho de las víctimas. Jueces letrados que dicen que todos los funcionarios del Estado -incluidos los jueces- expresan al Estado condenado, asumiendo que deben cumplir con la sentencia del caso Gelman.
Hay efectivamente, jueces y fiscales que adoptan posiciones radicalmente contrarias, posiciones que es necesario conocer y respaldar de alguna manera como movimiento de los dd.hh. Y dice Chargoñia: “porque son las posiciones que hemos sostenido, naturalmente, que han sostenido las víctimas, que han sostenido los familiares de las víctimas, que han sostenido quienes se solidarizan con ellos. Voy a mencionar algunos casos: la Dra. Larrieux, la jueza Dolores Sánchez y la jueza Starico”.
Lo mismo podría decirse de las actuaciones de los fiscales que han recusado a miembros de la SCJ, en un gesto inédito.

LA MURALLA Y SUS CONSECUENCIAS

La “muralla de Ruibal”, como señala Chargoñia, tiene consecuencias gravísimas tanto culturales como políticas. Culturales porque lleva a un estado de desprotección de los derechos de las personas, y políticos porque exponen al Estado uruguayo a una situación de responsabilidad internacional e incumplimiento contumaz; “ubican a Uruguay como un país que permanentemente desconoce los tratados internacionales que ratificó”. Consecuencias gravísimas, porque precisamente los países que adhirieron al Pacto de San José de Costa Rica, intentaron elaborar, construir, un instrumento de protección complementaria de los dd.hh., no solo de los derechos violentados por la dictadura, de todos los dd.hh.
Esa posición “desconoce tratados internacionales, realiza una interpretación falsa y desviada del principio de legalidad, ignora la evolución del derecho penal internacional, en particular, ignora la construcción jurídica y civilizatoria de la noción de crimen de lesa humanidad y produce dramáticas consecuencias en función de ubicar al Uruguay lejos de su sitial de tradicional apego al derecho internacional, ubicándolo en una posición retrógrada y arriesgando a que se sucedan  los cuestionamientos de los órganos internacionales, como ya ha habido, que hayan otros con una mayor intensidad política”
Porque la CIDH tendrá que defender su jurisprudencia frente al desacato de un Estado, ya que de no hacerlo todo el sistema elaborado por el pacto de San José de Costa Rica cae. Ya lo ha hecho otras veces, y en algunas ocasiones le ha pedido a la Asamblea General de las Naciones Unidas que asuma alguna competencia, reclamando del Estado parte que cumpla la sentencia de  la CIDH. “Esa es una eventualidad política, naturalmente de política internacional, pero a la que la somete la mayoría de la SCJ”, dijo Chargoñia.
Porque el mensaje que le da la CIDH a la SCJ es muy claro y contundente: “… la sentencia de la SCJ del 22 de febrero de 2013, no está en consonancia con la evolución del Derecho Interamericano y Universal de los dd.hh.”

LA OTRA POSICIÓN

Los jueces y fiscales que enfrentan la posición de la SCJ, parten de una premisa básica: “es necesario encuadrar los hechos denunciados en el entorno histórico en el cual tuvieron lugar”. Los hechos históricos, el contexto histórico en el que ocurrieron, es el contexto del terrorismo de Estado, punto esencial para analizar el derecho aplicable a los crímenes de que se trata. Es decir, “el contexto histórico que advierten las juezas, es el de actos aberrantes cometidos por funcionarios del estado en forma metódica, en forma sistemática como política de gobierno y en el marco de la más absoluta impunidad” explica Chargoñia, “...primera definición que la mayoría de la SCJ no hace, como si hubieran ocurrido aquellos crímenes por excepción o por circunstancias puramente azarosas”.
¿Qué dice por ejemplo la jueza Larrieux, que sustituyó a Mariana Mota?: “es razonable, es entendible, que si en ese contexto histórico el aparato estatal  cometió crímenes, entonces se aplique la teoría del Derecho Internacional: “crimen de lesa humanidad imprescriptible”. Y aun, si no se admitiera la aplicación del Derecho Internacional, tampoco los delitos prescribirían, por cuanto la ley de caducidad era un obstaculo al juzgamiento. En consecuencia, dice Larrieux, “en aplicación del principio general de que al impedido por justa causa no le corre término, el tiempo transcurrido de la sanción de aquella Ley de Caducidad hasta la declaración de inconstitucionalidad del 2009, no debe computarse a los efectos de la prescripción”.
Y en la sentencia contra Dalmao, la jueza Sánchez dice que “mucho antes de la comisión de los hechos investigados, las conductas imputadas eran consideradas crímenes contra la humanidad”. Dice la jueza: “la ausencia de tipos penales nacionales para reprimir un crimen bajo el Derecho Internacional no se puede invocar por un Estado si al tiempo de su comisión ya era delito bajo el Derecho Internacional”. Como explicó Chargoñia, “en la década del ’70, desde luego que aplicar el submarino seco a una persona detenida, constituía un delito previsto en el código penal. (...) Se aplica la figura del Código Penal vigente en la década del ’70 pero con la caracterización -que es lo que hace la justicia argentina permanentemente- con la caracterización que provee el Derecho Internacional de crimen de lesa humanidad, por lo tanto, imprescriptible”.

UN SOLO CAMINO

Esta es la confrontación que se está dando hoy en el sistema judicial, tal como lo desarrolló Pablo Chargoñia brillantemente.
“¿Cómo debía resolverse? Evitando, evidentemente, la contumaz violación de los dd.hh., porque si la posición de la “muralla de Ruibal” triunfa, entonces el Uruguay tiene una situación de impunidad estructural y viola adicionalmente el artículo 2 de la Convención Americana, que obliga a la adecuación del derecho interno; (...) los Estados tienen que adaptar sus interpretaciones internas, también las interpretaciones judiciales, a lo que la Convención Americana de DD.HH. dice. Es decir, que si hay dos interpretaciones, como hay acá, por obligación de adecuación del derecho interno al pacto internacional, debería prosperar una sola de ellas: la que es adecuada a la Convención Americana, la que es adecuada a la sentencia de la CIDH”.
Chargoñia finalizaba diciendo: “es necesario exigirles a todos los poderes del Estado, a todos los órganos del Estado, a todos los funcionarios del Estado, que asuman realmente la protección de las víctimas. Es un derecho de las víctimas, es un derecho de los familiares de las víctimas, y es un derecho colectivo de la sociedad en su conjunto, de conocer la verdad, de protegerse, es un derecho de las futuras generaciones, todo eso tiene que ser enfrentado. La posición de la mayoría de la SCJ tiene que caer. No vamos a ser un ladrillo más en la pared”.


sábado, 15 de junio de 2013

EN BUSCA DE MI TOYOTA

Un artículo que publica el diario El País, bajo el título “En Uruguay el 50% de la gente es de clase media”, dice lo siguiente:
Un estudio del Banco Mundial (BM) señala que Uruguay es de los países de la región con mayor porcentaje de clase media. En "Uruguay, por ejemplo, más del 50% de la sociedad pertenece a la clase media esa proporción disminuye a casi una tercera parte en países como Brasil y Panamá, y a menos de una quinta parte en El Salvador y Honduras", afirma el trabajo del BM que será presentado hoy en Montevideo y será comentado por el socio de CPA/Ferrere, Gabriel Oddone y el integrante del secretariado ejecutivo del Pit-Cnt, Richard Read”.
De todas maneras, para el organismo  la clase media en Uruguay disminuyó entre 2000 y 2010. "En Argentina, Chile y Perú, la clase media aumentó en más del 10% entre 2000 y 2010, mientras que en República Dominicana, El Salvador y Uruguay, de hecho disminuyó", indicó el BM pero no dio datos precisos.
Pero lo más interesante del artículo, viene más adelante, y es donde explica “qué es clase media para el Banco Mundial”.
Para el BM las personas con un ingreso per cápita al día inferior a US$ 4 son "pobres", las que tienen ingresos diarios per cápita entre US$ 4 y US$ 10 son consideradas "vulnerables".
Para integrar la "clase media" el BM estima que se necesitan ingresos de entre US$ 10 y US$ 50 y los que superan ese umbral son considerados de "clase alta". El informe del organismo asegura que "en realidad, la mayor parte de la población que accedió a la clase media entre 1989 y 2009 en Uruguay se encontraba cerca del umbral de la clase media (esto es ganaban US$ 10 al día) en 1989. Una vez que accedieron a la clase media, la mayoría de ellos se situaron en la franja de US$ 10-US$ 15 al día".

SI USTED NO ES DE CLASE MEDIA ES PORQUE NO QUIERE

De manera que si usted, estimado uruguaya y/o uruguaya, si gana U$S10 al día (digamos $6.000 al mes, si trabaja todos los días), y se considera pobre, es porque quiere, de quejoso/a nada más, puras ganas de poner palos en la rueda. Porque si usted gana $6.000 pesos al mes, pertenece a la clase media (al igual que uno que gane 30.000) como cualquier abombao sabe, hasta el Banco Mundial.
Y si con esos $6.000 mensu
ales, usted sigue andando en bicicleta, o en ómnibus, o en esa espantosa motito china, no se haga el humilde, de el paso que tiene que dar en consonancia con su nuevo status. Entre a la página del Banco Mundial y entusiásmese (¡¡Llame ya!!).
Allí lo espera un video en el que se ve un hermoso Toyota Yaris, y más abajo este texto:
“El Toyota Yaris deja el estacionamiento de la tienda de autos y se funde nervioso en la calle principal, casi consciente de su tamaño y estatus de “recién llegado” en las concurridas calles de Santiago.
Sólido y sin pretensiones, el Yaris es una metáfora apta para describir el estatus de sus ocupantes y flamantes propietarios: la familia chilena Pugh, de cinco miembros, quienes trabajaron a brazo partido para sumarse a las filas de la clase media de América Latina, y ahora disfrutan de su nuevo lugar en la sociedad, pero también sorteando cautelosos los baches en el camino hacia la prosperidad que tienen por delante.
Más de 50 millones de personas como los Pugh han escalado posiciones sociales y económicas durante la última década en América Latina para convertirse en miembros de la clase media, lo que significa un aumento de más del 50%. Casi un tercio de las familias latinoamericanas se consideran ahora a la clase media, hecho que también ha reducido la proporción de pobres de la región en un porcetanje casi exacto al de clase media (o el 30% de la población), según señalan expertos en un nuevo estudio”.

Se que ustedes querrían que este artículo continuara. Lo siento, debo dejarlos, me voy en busca de mi Toyota Yaris.

jueves, 13 de junio de 2013

LOS PEONES LATINOAMERICANOS

El Programa del FA, aprobado por el V Congreso Extraordinario”Cro. Zelmar Michelini” en diciembre de 2008, en su capítulo denominado URUGUAY INTEGRADO, en el numeral 1. PRINCIPIOS DE LA POLITICA INTERNACIONAL comienza diciendo:
“Los principios y lineamientos de política exterior del FRENTE AMPLIO constituyen un aspecto clave e inalienable de su proyecto alternativo, democrático, participativo, progresista, nacional y popular. La política exterior es el instrumento que dispone el Estado para representar, defender y proteger los intereses nacionales fuera de sus fronteras e insertarse en el mundo”.
Y como es un aspecto clave del proyecto, dice también que “En la materia es indispensable una política nacional o de Estado, que se respalde en grandes consensos partidarios y sociales que se mantenga con cierto grado de continuidad en los distintos períodos de gobierno”.
Nombra más adelante una serie de “pilares” en los que deberá basarse la política internacional del gobierno. Entre ellos, “No alineamiento, o sea, independencia respecto a las alianzas políticas y militares bajo la hegemonía de grandes potencias mundiales, procurando apoyar todas aquellas iniciativas tendientes al fortalecimiento
de la paz y el establecimiento de un orden mundial más justo y equitativo”.
COMO SIEMPRE ASTORI
El programa anterior -con el cual el FA llegó al gobierno por vez primera- era muy claro en cuanto a desechar la posibilidad de un TLC con los EEUU, no obstante lo cual, el ministro de economía de entonces, Danilo Astori, decidió por sí y ante sí que era muy bueno que el gobierno gestionara un TLC con los EEUU.
Ahora, nuevamente, y aunque ya no desde el Ministerio de Economía sino desde la vicepresidencia de la República, sale a actuar en contra de lo que decidió su propia fuerza política, el Frente Amplio.
Astori va a la cumbre de la Alianza del Pacífico, y dice que “Hoy somos Estado observador, pretendemos llegar cuanto antes a Estado candidato a miembro pleno y ojalá pueda darse lo antes posible la calidad de miembro pleno para Uruguay”.
Porque ¿qué es la Alianza del Pacífico? Dejemos que lo explique el argentino Atilio Borón: El sueño imposible del imperio es restablecer en Latinoamérica una situación anterior a la Revolución Cubana, cuando las órdenes de la Casa Blanca eran obedecidas sin chistar por los gobiernos de la región. Este es el sentido fundamental de la tan publicitada y alentada Alianza del Pacífico conformada por México, Colombia, Perú y Chile, que a instancias de Washington organizó nada menos que siete Cumbres en poco más de un año. El objetivo de este hiperactivismo diplomático es principalmente político y, en menor medida, económico. Lo primero, porque pretende rehacer el mapa sociopolítico regional acabando con los gobiernos de los países del ALBA e inclusive con sus aliados, como los de Argentina y Brasil, “cómplices” según Washington de la derrota del ALCA. Y en lo económico, porque la AP es la más importante pieza de la contraofensiva imperialista destinada ahora, ya mismo, a concretar un ALCA con otro nombre y, a la vez, para potenciar el papel de “caballos de Troya” que Washington les tiene asignados a los gobiernos de la AP para socavar desde dentro a proyectos que suscitan el visceral rechazo de la Casa Blanca como la UNASUR, la CELAC y, en menor medida, el MERCOSUR”.
A CONTRAPELO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
Es decir, todo lo contrario a lo que son las definiciones programáticas del gobierno del Frente Amplio. Y restaría saber donde se consiguieron los “grandes consensos partidarios y sociales” que exige el programa para una política exterior de Estado. Y donde quedaría –de seguir los deseos delirantes del vicepresidente- aquel pilar que señala el Programa: No alineamiento, o sea, independencia respecto a las alianzas políticas y militares bajo la hegemonía de grandes potencias mundiales”. Y donde queda otro de los pilares de esa política internacional: “Decidida acción antiimperialista y anticolonialista”, si nuestro gobierno siguiera el camino de formar parte de esta construcción política del imperio.
Y como se compaginaría ese camino con otro de los grandes pilares programáticos de la política internacional del gobierno del FA: Fuerte impulso al MERCOSUR en base a los lineamientos trazados por nuestra fuerza política en materia de integración, bregando por su consolidación, profundización y ampliación, a partir de una participación activa y propositiva de nuestro país”, cuando esa Alianza tiene como objetivos neutralizar los procesos de integración existentes en donde Estados Unidos no puede influir como quisiera.
Cuando en el programa se describe el contexto general en función del cual se elabora la estrategia internacional del país, dice que “La contradicción entre las potencias hegemónicas y los países en vías de desarrollo se expresa en términos políticos y económicos”. Y luego agrega: “La expresión económica de las contradicciones tiene relación con el proceso de regionalización de los Estados, de lo que surgen tres bloques comerciales regionales, uno liderado por Estados Unidos, otro por la Unión Europea y el tercero por Japón. Frente a este proceso, el MERCOSUR surge como respuesta estratégica regional para una mejor inserción competitiva”.
Pero la propuesta de Astori es integrar un bloque liderado por los Estados Unidos, y no el MERCOSUR como respuesta estratégica, tal como lo señala el programa.
Y más adelante el Programa señala claramente: “Consideramos necesario avanzar en la toma de decisiones de nuestro gobierno hacia la integración al ALBA como alternativa a los procesos panamericanistas del ALCA o los planteos de los TLCs”
La propuesta del vicepresidente Astori, va en el sentido contrario, es funcional a la nueva estrategia imperialista que sustituye al fallecido ALCA y a los TLCs.
El problema es que nada se sabe acerca de lo que piensa el gobierno (al parecer Mujica se habría expresado en el Consejo de Ministros en el sentido de permanecer en la Alianza como observadores), ni lo que piensa el partido de gobierno sobre estas escapadas por la punta del inefable Astori.
A continuación del párrafo trascripto más arriba, Atilio Borón hace la siguiente afirmación:
“No sorprende que los gobiernos y políticos más reaccionarios del continente, ¡y los de Europa! compitan entre sí para ver quién entra primero a esa alianza concebida y orquestada por los Estados Unidos para defender sus propios intereses utilizando a sus peones latinoamericanos y europeos. ¿Qué sentido tiene que países como España, Australia, Uruguay y Japón, que hoy día tienen el estatus de observadores, hayan declarado que solicitarán su adhesión para convertirse en miembros plenos de la AP durante el 2013.”
A mí tampoco me sorprende


UN RECLAMO JUSTO Y CON AUTORIDAD MORAL

El reclamo de los docentes es de más presupuesto y aumento de salarios. ¿El reclamo es justo? Si uno piensa en la infraestructura necesaria para  ejercer la docencia en forma decorosa y para que el resultado educativo sea óptimo, sin duda que sí. Es público y notorio que cada año al empezar las clases saltan a la vista esos problemas (grupos de más de 40 alumnos, que afecta el rendimiento de los estudiantes; condiciones deplorables en que se encuentran edificios de instituciones educativas, etc). Y si nos remitimos a los salarios que perciben los docentes, el reclamo también es justo. Para llegar a cubrir el presupuesto de una canasta básica, los educadores deben trabajar alrededor de 60 horas semanales (promedio de 10 a 12 hs. por día). Claro que no todos los docentes pueden lograr ese número de horas, depende del lugar del escalafón que se hallan, si son efectivos, interinos, suplentes. Pero además tendrán a su vez que destinar varias horas de su vida diaria, a evaluar trabajos, preparar clases, planificar, etc, tiempo que NO es pagado y que se resta al tiempo personal (para hacer lo que les gusta, como predica el Presidente). Los docentes aspiran a tener un cargo mejor remunerado, que equivalga a las 25 horas de trabajo en aula, con un mejor salario que no le implique buscar veinte horas más por aquí y otras veinte por allá, corriendo de institución en institución, asegurando el puchero, y que al final son en detrimento de los propios estudiantes. Si un docente pudiera trabajar y vivir con 25 horas, le daría además la posibilidad a muchos otros docentes de lograr horas de trabajo, en un reparto más equitativo.
Que la educación necesita más porcentaje del presupuesto es un hecho. Los mejores resultados educativos se dan, generalmente, en los países dónde se destina un 6% del PBI a la educación. También es un hecho que el presupuesto para la educación ha aumentado a partir del 2005 en porcentaje del PBI (4,6%), pero estamos lejos de lo necesario. Estamos en el 10° lugar en América Latina (en compensación, tenemos el presupuesto parlamentario más caro de todo el continente), por debajo de Cuba (que invierte un 18,4%), de Argentina, de Brasil, etc. Pero hay que tener en cuenta, además, que del total asignado como “a la educación”, solo un 3% va a la ANEP; y esto significa un problema porque se asocia el 4,5% con la ANEP y se exigen resultados que siempre resultarán inadecuados.
Se puede decir que en alguna medida el paro o la huelga perjudica a los estudiantes, pero también se puede entender como una medida pro educación, en tanto se está enseñando con el propio ejemplo a las generaciones más jóvenes, a luchar por sus derechos, ganancia para el futuro.
¿La huelga a ayudará a mejorar la educación uruguaya? Soñar que alguien o algo va a mejorar a una educación que ya está en CTI en estado grave, es más que utopía.

Por último, le asigno más autoridad moral a quienes luchan por la educación ganando algo más de 16 mil pesos, que al que les exige resultados ganando 380 mil.

NI VÍCTIMA NI INGENUO (publicado esta semana en VOCES)

La aseveración de Sendic: “si es de izquierda no es corrupto, y si es corrupto no es de izquierda” , es falsa (como tanta cos...