viernes, 18 de noviembre de 2011

LA VERDAD SÍ, Y LA JUSTICIA TAMBIÉN



En agosto de 2009, cuando José Mujica era todavía candidato a presidente, durante una visita a Santiago de Chile, dijo: "A mí no me interesa la gente presa, me interesa la verdad. Porque la verdad es la forma superior de castigo para los que son responsables de los atropellos. Ya han pasado muchos años desde los hechos y detesto tener ancianos presos".
Y hace pocos días, en Porto Alegre, el presidente mantuvo un intercambio con militantes de izquierda en el que ratificó esta idea. “Quiero que los orientales se encuentren, que no se tengan que odiar; quiero que las generaciones que vengan aprendan de nuestros propios errores, y que cometan los suyos, pero no los nuestros”, dijo el presidente. Uno de los asistentes preguntó: “¿van a seguir detenidos los delincuentes, independiente de que sean viejitos de más de setenta años?”. Y el presidente le respondió: “de mi parte no tengo fuerza para disponer lo contrario, pero yo discrepo. Si pudiera, no tendría preso a hombres de 80 años para arriba, pero yo no soy dueño del país”. Antes, Mujica había señalado que en la vida es necesario tener prioridades: “No puedo vivir angustiado, solo mirando para atrás. Mi angustia son los que van a venir. Porque el mundo del pasado no lo puedo arreglar. Si acaso puedo ayudar a que el mundo del mañana sea un poco mejor”, dijo. Su postura, es compartida también por Lucía Topolanski, y genera el rechazo de los grupos de izquierda y organizaciones de derechos humanos. Por aquello de que el que calla otorga, nos parece que debemos decir algunas cosas al respecto.
Lo primero que queremos decir, es que no nos sentimos demasiado conmovidos por los ancianos residentes en Domingo Arena. Ancianos que por cierto no se encuentran allí hacinados como lo están los presos comunes en otras cárceles. Ancianos que al parecer no se encuentran en condiciones muy delicadas de salud como uno puede ver cada vez que tienen que ir a declarar nuevamente a un juzgado (todos los días se descubren nuevos crímenes de los que son autores), y que salen de allí sonrientes y dicharacheros.
DESDE LO LEGAL
Habría que señalar además que, desde el punto de vista legal, esa excarcelación, o la prisión domiciliaria serían virtualmente imposibles, dada la legislación que se ha establecido en los últimos años, y en la que incluso participó la propia senadora Lucía Topolanski al integrar el Parlamento..
En el año 2005, se votó una ley, la Nº 17.897, cuyo nombre es “Libertad anticipada y provisional. Régimen excepcional”. Y en su artículo 9º se habla de la “Prisión domiciliaria”, y dice: “El Juez podrá disponer la prisión domiciliaria de personas procesadas o condenadas mayores de setenta años, cuando ello no involucre riesgos, considerando especialmente las circunstancias del delito cometido”. Quiere decir: es “el Juez” quien podrá disponer la prisión domiciliaria en determinados casos, y por eso dice bien Mujica cuando dice que “de mi parte no tengo fuerza para disponer lo contrario, ... yo no soy dueño del país”.
Pero además, ese mismo artículo establece excepciones para este instituto de la “Prisión
Domiciliaria”, y dice que “…no será aplicable a los procesados y condenados que hayan cometido los siguientes delitos:
1) El delito de homicidio cuando concurran las circunstancias agravantes previstas en los artículos 311 y 312 del Código Penal.
2) El delito de violación.
3) Los delitos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Ley N°
17.510, de 27 de junio de 2002)".
Como estos ancianos de los que hablamos tienen en su haber una colección de los delitos incluidos en los tres puntos, no solo el presidente Mujica sino que tampoco ningún juez podrá mandarlos para la casa.
Pero por si esto fuera poco, se acaba de votar una ley que dice que los delitos cometidos por estos ancianos son de lesa humanidad, por lo cual, además de imprescriptibles no son excarcelables. Y esto es así porque en el 2006 se votó otra ley (la Nº18026), que tipifica los delitos de lesa humanidad en nuestro país, y que establece la improcedencia de la amnistía o similares para esos delitos: “Los crímenes y penas tipificados en los Títulos I a III de la Parte II de la presente ley, no podrán declararse extinguidos por indulto, amnistía, gracia, ni por ningún otro instituto de clemencia, soberana o similar, que en los hechos impida el juzgamiento de los sospechosos o el efectivo cumplimiento de la pena por los condenados".
De manera que, salvo que se esté pensando en derogar estas leyes para poder beneficiar a esos ancianos, que además de ancianos son los sujetos más repudiables de la historia uruguaya -de la reciente y de la no tan reciente- estos señores de avanzada edad deberán permanecer en prisión.
No es eso al parecer lo que estaría en la mente de Topolanski ni del presidente ni del MPP. Pese a la convicción que ambos tienen sobre que los militares retirados mayores de 70 años no deberían estar en la cárcel, ni el gobierno ni la fuerza política trabajan en un proyecto de ley para que eso suceda. Así lo confirmó hace unos días el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, que dijo que el Poder Ejecutivo no trabaja en ese sentido y varios legisladores del MPP aseguraron lo mismo, pese a que los máximos referentes del sector estén a favor de la medida.
Eso desde el punto de vista legal. Pero habría que decir algunas otras cosas.
NO SON ARGUMENTOS VÁLIDOS
Veamos por ejemplo la afirmación de 2009. ¿Es la verdad “la forma superior de castigo”, como afirma Mujica? Eso es sin duda toda una novedad. Porque desde que el mundo es mundo, cuando alguien infringe un daño a otro, lo que la sociedad hace es investigar para conocer la verdad de lo sucedido, para conocer quien es el autor del daño, cuales fueron sus motivaciones, los atenuantes o los agravantes, y en función de todo eso, aplicar el correspondiente castigo. Si la forma superior de castigo fuera conocer la verdad, no se entiende para qué el resto. De ser así, ni siquiera sería necesaria la institución Justicia, y solo alcanzaría con la investigación policial. Una vez conocido el o los autores de determinado delito, se daría a conocer su identidad por todos los medios posibles, y ese sería el castigo. Pero no creemos que sea así. Creemos que quienes cometen un delito deben ser sometidos a la justicia, y la forma que la sociedad tiene de resarcir en alguna medida a los ofendidos (que en el caso de los delitos de lesa humanidad son la humanidad en su conjunto) es la aplicación de un castigo (generalmente la prisión), que además –al menos en teoría- cumple la función de rehabilitar al que cometió el delito. Mujica y su esposa pueden detestar tener ancianos presos, están en su derecho, y tal vez si quienes cometieron esos horrendos crímenes hubiesen marchado presos inmediatamente, y llegaran a ancianos luego de pasar muchos años encerrados, tal vez una buena parte de la sociedad los acompañara en su forma de pensar. Pero de hecho, luego de cometer esos delitos abominables estos señores estuvieron en libertad, hicieron sus vidas cual si nada hubiera pasado, y muchos de ellos ni siquiera perdieron sus jubilaciones (como cualquier otro mortal), y el poco tiempo que han estado encerrado lo ha sido en condiciones tales que ni siquiera puede ser considerado un castigo.
Todos podemos compartir la idea de que “los orientales se encuentren, que no se tengan que odiar”. Pero ahí sí, es necesaria la verdad para que eso suceda. No es posible que los orientales se encuentren cuando en el medio reina el ocultamiento. Para que el encuentro tenga una oportunidad, la sociedad necesita conocer la verdad sobre lo ocurrido, necesita saber donde están los desaparecidos, por qué los hicieron desaparecer, las circunstancias en que ocurrió, etc., pero fundamentalmente es necesario que quienes cometieron esas barbaridades de alguna manera muestren un mínimo de arrepentimiento y pidan perdón a la sociedad en su conjunto. Porque en todo este período, NI UNA SOLA VEZ, NI UNA SOLA, las Fuerzas Armadas de este país mostraron un mínimo de arrepentimiento; jamás, ni como colectivo ni en forma individual. Lo que hace mucho más repudiable -si esto fuera posible- su infame accionar y los crímenes cometidos durante los años más nefastos de nuestra historia.
Dice Mujica; “…el mundo del pasado no lo puedo arreglar. Si acaso puedo ayudar a que el mundo del mañana sea un poco mejor”. La cuestión es si perdonar, o aliviar la pena de quienes cometieron esos delitos aberrantes, es una forma de ayudar a un mundo mejor en el futuro. Porque si la señal que les damos a los jóvenes es que cuanto peor es el delito cometido, mayor es la posibilidad de obtener el perdón, entonces no es difícil imaginar como puede llegar a ser ese mundo del mañana.

viernes, 4 de noviembre de 2011

SOSTIENE ROSALES



El ex comandante del Ejército, Rosales, hizo declaraciones al dejar su cargo. Dijo algunas cosas que son ciertas, y otras que no lo son.
Durante su discurso en el que cedió este lunes el mando a Pedro Aguerre, acto al que concurrió el presidente José Mujica, llamó a no ser “rehenes de hechos lamentables ocurridos hace 30 años”.
Aunque Rosales parece que olvidó la época en que esas fuerzas armadas tuvieron de rehenes a miles y miles de uruguayos, es verdad que las fuerzas armadas de hoy son rehenes de los hechos lamentables ocurridos hace 30 años, aunque en verdad esos hechos lamentables siguieron ocurriendo hasta hace 27 años, ya que Roslik fue salvajemente asesinado en un cuartel en el año 84.
Pero son rehenes, claro que lo son, en el sentido de que no serán liberados de ese peso hasta que quienes ensuciaron el uniforme paguen ante la justicia y la sociedad. Recién entonces los uruguayos podremos separar la paja del trigo, los asesinos de los inocentes, los violadores de los que no lo son, los ladrones de niños de los que no lo son.
Pero Rosales dice que de evaluar las causas y las eventuales responsabilidades se deben encargar "el tiempo y la historia". Y eso, señor Rosales…eso es lo que usted quisiera (no está solo en eso, otros piensan lo mismo)…que se encargue el tiempo y la historia…en lo posible cuando ya los responsables estén bajo tierra. Pero de eso se va a encargar antes la justicia, gracias a la lucha de miles y miles de militantes que no han sejado jamás para que así sea.
Rosales dice que “todo aquello que se haya hecho apartándose de la dignidad, debe ser rechazado enfáticamente”. Y es verdad, pero además de ser rechazado enfáticamente, también debe ser juzgado y penado como corresponde, porque son crímenes brutales e inhumanos señor Rosales, no faltas de conducta.
Rosales dice que “En estos tiempos hay que mirar para un solo lugar, que es el futuro para que no sean las mujeres y los hombres, actuales integrantes de este Ejército, rehenes de hechos lamentables ocurridos hace 30 años”. Y ahí Rosales se equivoca de cabo a rabo. Porque vuelve a caer en expresiones de deseo. Lo que Rosales desea es que nadie mire hacia atrás, y por eso solo quiere que miremos hacia el futuro. Pero hay que mirar hacia atrás, inevitablemente, porque todavía falta mucho para hacer, hay mucho que aclarar, hay cuerpos que tienen que aparecer, hay militares que tienen que ir a declarar y hay militares que tienen que ir a la cárcel por lo que hicieron, y para eso hay que investigar el pasado, no el futuro. Pero además, también se equivoca –en realidad no creo que se equivoque, creo que lo hace a conciencia- cuando dice que “los actuales” integrantes de este Ejército son rehenes de los que otros hicieron. Porque en este Ejército de hoy sigue habiendo asesinos cobardes y violadores de los derechos humanos. La prueba más fehaciente es el Gral. Dalmao, general en actividad que se encuentra en prisión procesado por el asesinato de Nibia.
El señor Rosales es un atrevido y un mentiroso cuando dice que “el Ejército no puede ni debe seguir respondiendo institucionalmente por deudas que no le corresponden”. Porque el Uruguay entero sabe que fue el ejército como institución el que apoyó el golpe de estado dado por Juan María Bordaberry, y que luego se quedó con el poder para desde allí torturar, asesinar y violar mientras se instauraba una política económica expoliadora de los trabajadores.
Se equivoca Rosales cuando dice que “Tampoco puede nuestro Ejército estar sometido a una falta de valoración permanente que surge por parte de algunos sectores de la sociedad”, porque la valoración que algunos sectores de la sociedad hacen de ese ejército, está sustentada en los más aberrantes crímenes cometidos por esa institución en la historia de esa propia institución. Y para que esa valoración cambie, lo que tiene que suceder, en primer lugar, es que quienes ensuciaron el prestigio de la institución lo limpien diciendo donde están los desaparecidos. En segundo lugar, esa institución debería pedir perdón a la sociedad y mostrar claramente su arrepentimiento y su compromiso con los valores democráticos y con los derechos humanos, cosa que hasta el momento no ha sucedido.
El señor Rosales, se permite además “enviar un particular saludo a todos aquellos camaradas que juran por su honor no haber mancillado la dignidad de la fuerza y ven con desazón, angustia e impotencia propia y de sus familiares como se los agravia y condena públicamente, sin siquiera tener la garantía de poder expresarse delante de un Juez respecto a estos supuestos”. Y eso es una descomunal mentira, porque quienes ven mancillado su honor y se sienten agraviados, saben que ahora viven en una democracia plena, y que pueden concurrir a la Justicia y hacer todos los descargos y presentar todas las pruebas que los absuelvan. Y saben además que al ser interrogados no lo serán encima de una parrilla metálica, mojados y recibiendo descargas eléctricas en los testículos, que no serán sometidos al submarino para obtener datos (ni por simple diversión), y que nadie los hará desaparecer, por lo cual sus familiares no sufrirán la angustia y la impotencia de no saber de sus destinos.
Por suerte ahora estamos en democracia y este señor Rosales puede hablar. Lo que no puede hacer es faltarle el respeto al pueblo uruguayo como lo hace. Claro....hay chanchos y hay quienes les rascan el lomo.

PALABRAS PRONUNCIADAS EN LA MEDIA HORA PREVIA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES EL 4/11/11




Sr. Presidente:
Podríamos decir que estamos contentos. Si es que se puede estar contento en un tema que involucra a compañeros torturados, muertos y desaparecidos. Pero los uruguayos hemos recuperado la dignidad como país. Volvemos a ser todos iguales ante la ley, y eso es motivo de alegría, sin duda. Hemos avanzado, y hemos despejado el camino para avances mayores, lo que no es poco. Por eso queremos decir algunas palabras en homenaje a tanta y tanta gente que ha dado una dura lucha para que esto pudiera suceder.
Cuando se produce el golpe de estado en el año 73, muchos éramos apenas adolescentes, y poco sabíamos acerca de lo que pasaba en el país. Pero igual nos vimos sumergidos en la noche más negra y más triste de nuestra historia. Y tuvimos que andar a tientas, como pudimos, y pasamos los mejores años de nuestras vidas en medio del atropello, del desprecio y del miedo.
Por cierto...otros con apenas unos años más que nosotros, sufrían aún más cruelmente, porque estaban presos, estaban siendo torturados con saña, y algunos terminaban en fosas comunes, como sabemos ahora.
Pero en algún momento comenzamos a entender -tarde o temprano se termina por entender-. Y como entendimos lo que estaba pasando, comenzamos a participar, y a ocupar espacios, y aprovechamos la menor rendija que pudiera abrirse; y creamos sindicatos a pesar de las listas negras, y gremios estudiantiles; y participamos en lo que podíamos, y le dijimos NO a esa criminal dictadura en el 80, y finalmente la derribamos y hubo elecciones en el 84.
Para quienes prácticamente estrenábamos democracia en el año 85, todo era una fiesta. Podíamos reconstruir nuestras vidas no vividas a través de la lectura de los libros que no nos habían permitido leer, escuchando a los cantores populares que no nos habían permitido escuchar, podíamos hablar a cielo abierto de lo que antes ni siquiera podíamos susurrar, y podíamos hacerlo con quien se nos diera la gana. Era la fiesta democrática en todo su esplendor.
Y dábamos por descontado que todo lo demás vendría por añadidura. Por ejemplo, la justicia. Muchos debían explicar los por qué, los como, los cuando, los donde. Teníamos derecho a saber el por qué de tanto odio descargado sobre el pueblo, el por qué tanta muerte inocente. Alguien tenía que explicar como fue que se torturó, quién daba las órdenes, donde se mató y se desapareció, donde estaban esos desaparecidos, y devolverlos al seno de sus familias. Y entiéndase bien: no reclamábamos revancha. Pedíamos justicia. Tan simple pero tan profundo y vital como eso.
Pero no fue lo que sucedió. Hay que decir que los jueces comenzaron a actuar, sí, como corresponde en un Estado de derecho, pero las citaciones fueron a parar a la caja fuerte de los militares. Y entonces comenzó la vuelta atrás, el retroceso, la agachada y la traición a los acuerdos de la CONAPRO. Y se comenzó a gestar lo que luego terminaría siendo la oprobiosa ley de impunidad.
Aquella democracia que recién terminábamos de reconquistar, nos daba un golpe bajo. A menos de un año de recuperada, nos propinaba una ley de impunidad y nos expulsaba a uno de los estandartes de la lucha por los derechos humanos: José Germán Araujo.
Pero como decía María Ester Gatti, “No hay que perder jamás la esperanza y tampoco la decisión de luchar”. Así que no nos dejamos dominar por el bajón, y salimos a juntar las firmas para que hubiera lugar a un referéndum contra esa ley infame. Otra vez había que luchar contra el miedo, contra la desinformación y la mentira, contra quienes decían que pregonábamos el odio y se proclamaban pacificadores y perdonadores. Y tuvimos que recorrer puerta por puerta, y salimos a las ferias y nos metimos entre el pueblo. Y conseguimos las firmas, y hubo referéndum.
Pero el miedo ganó en las urnas, y la desesperanza en las almas. Y ya nada volvió a ser igual, porque la democracia quedó renga. No se puede caminar bien con una espina clavada en el talón. Y la impunidad era una enorme espina incrustada en la naciente democracia.
Y allí, con las organizaciones populares malheridas (que no muertas) por la derrota, comenzó la otra fiesta, la del neoliberalismo.
Pero bueno, aún en las peores condiciones, la lucha continuó, y se dieron otras batallas. Se tuvo que salir a defender las empresas públicas para impedir su privatización, por ejemplo. Pero además, se siguió luchando por la justicia por vías diferentes. Porfiadamente se siguieron presentando casos a los juzgados y una y mil veces los gestores de la impunidad los archivaban.
El artículo cuarto de la ley de impunidad, que se suponía era el instrumento que iba a permitir investigar, fue utilizado por sucesivos gobiernos para impedir cualquier forma de verdad y justicia. Todo lo que podía terminar en aplicación de justicia, en acercamiento a la verdad, era considerado incluido en la ley de impunidad. No importa si era el rapto de una extranjera para robarle a su hijo y luego matarla. Todo lo sucedido en dictadura debía ser olvidado, fuera lo que fuera.
Pero siguieron presentándose causas. Y surgieron las marchas del 20 de mayo; cada vez con más y más pueblo; cada vez con más y más jóvenes; cada vez con más y más conciencia. Y la impunidad comenzó a mostrar fisuras. Y aquellos adolescentes que vimos surgir la dictadura, ahora conquistamos un gobierno progresista casi pisando los cincuenta. Caídos y vueltos a levantar, magullados y maltrechos, con las esperanzas remendadas por todos lados, pero íntegros e inconmovibles en nuestros deseos de justicia, llegamos.
Y hubo enormes avances. A los pocos días de instalado el gobierno del Frente Amplio, se estaba entrando a los cuarteles y excavando en busca de los desaparecidos. Y ahora el artículo 4º permitía investigar. Los casos se comenzaron a excluir de la ley de impunidad, y los jueces comenzaron a actuar, y los culpables comenzaron a ir presos, y algunos restos comenzaron a aparecer.
Pero aún había que terminar de una vez y para siempre con el oprobio de una ley legalmente inconstitucional y nula, pero además moral y éticamente infame. Para que la vida democrática fuera plena, para devolverle la independencia a la Justicia, y para cumplir con nuestras conciencias, porque para quienes nos consideramos de izquierda, la sociedad a la que aspiramos no es aquella que simplemente reparte mejor, sino aquella que no pase por alto los hechos de conciencia y la moral.
Más de una vez dijimos que, aún en el caso de que todos los desparecidos aparecieran, aún en el caso de que todos los responsables de los crímenes fueran presos, aún así, había que desterrar la maldita ley de impunidad de nuestro sistema jurídico. Simplemente por ser un mandato moral y ético.

Y por eso, y ante las vacilaciones del sistema político que no resolvía la cuestión, las organizaciones sociales se pusieron nuevamente la causa al hombro, y salieron a juntar firmas para anular la ley de impunidad. Las firmas se juntaron, hubo plebiscito, y una nueva batalla perdida, aunque un millón de voluntades se expresaron en contra de la ley.
Pero no nos dimos por vencidos. Seguimos buscando los caminos, y se dio una nueva instancia parlamentaria hace unos seis meses, que esta vez fracasó por algunas traiciones que seguramente el pueblo no olvidará.
Tuvo que surgir el fallo de la Corte Interamericana de Justicia en el caso Gelman, para que el sistema político e institucional se decidieran a poner al país a tono con los tratados internacionales que ha suscrito, y a terminar de una vez y para siempre con aquella ley oprobiosa.
El Frente Amplio fue el único partido político que se opuso firmemente y votó en contra de la ley de impunidad en el año 86, y también ha sido el único que acaba de votar por el fin de la impunidad en estos días. No obstante, hay que señalar que el sistema político en su conjunto ha estado omiso durante 25 años en la solución de este tema central en la vida política del país, porque los argumentos de hoy, eran válidos también hace 25 años. Los delitos cometidos por la bestia fascista fueron de lesa humanidad siempre, y lo único nuevo ahora es la sentencia de la Corte en el caso Gelman.
Y un dato que es importante destacar: en todo este período, NI UNA SOLA VEZ, NI UNA SOLA, las Fuerzas Armadas de este país mostraron un mínimo de arrepentimiento. Jamás, ni como colectivo ni en forma individual. Lo que hace mucho más repudiable -si esto fuera posible- su infame accionar y sus crímenes cometidos durante los años más nefastos de nuestra historia.
Era esto lo que queríamos decir.
Se nos ocurre que este asunto de los derechos humanos es algo así como una escuela de la vida, solo que uno nunca se recibe, uno nunca obtiene un diploma, sino que simplemente va aprendiendo, y va rindiendo exámenes para seguir avanzando. Y si es así, esto de la ley de impunidad era una asignatura pendiente. Y vaya que nos costó. Y vaya que dimos de veces el examen y lo perdimos. Repetimos el curso durante 25 años. Pero bueno, acabamos de aprobar esa asignatura pendiente. Y eso nos llena de orgullo. Tenemos la satisfacción del deber cumplido.
No vamos a solicitar, que nuestras palabras sean enviadas a sitio alguno.

Simplemente queremos que lo que acabamos de decir sea nuestro humilde y más sentido homenaje, en primer lugar, a las víctimas. Es por ellos esta lucha. También a sus familiares, que jamás bajaron los brazos. A todos aquellos partidos y sectores políticos que jamás desistieron en su lucha por verdad y justicia, y que no hicieron nunca un cálculo electoral a la hora de defender los derechos humanos. Nuestro homenaje y nuestro respeto a quienes siempre pusieron por encima de todo el derecho de las víctimas y de sus familiares, antes que el derecho de los torturadores y asesinos. A unos cuantos PERIODISTAS con mayúsculas, que nunca dejaron de mantener viva la llama, aunque la verdad y la justicia no fueran noticia que vendiera. A unos cuantos abogados defensores que abrazaron estas causas sabiendo que era una lucha larga, dura y difícil, y a unos cuántos jueces y fiscales que dignificaron sus títulos. Pero por sobre todo, nuestro sincero y emocionado reconocimiento a las organizaciones sociales de nuestro país, al PIT-CNT, a los estudiantes organizados en la FEUU, a los jubilados, a los cooperativistas, a las organizaciones de derechos humanos, a CRYSOL, Familiares de detenidos desaparecidos, etc, a quienes dieron la pelea a través de las redes sociales, aquí y en el exterior, a las decenas de miles -fundamentalmente jóvenes- que cada 20 de mayo marchan y seguirán marchando por la avenida 18 de julio en reclamo de verdad y justicia, y fundamentalmente a los miles y miles de militantes anónimos que no cejaron jamás en la lucha por devolver la dignidad a este bendito país.




Muchas gracias señor presidente.

TOPOLANSKI Y SUS "VIEJITOS"




La Senadora Lucía Topolanski se siente conmovida por los viejitos residentes en Domingo Arena. Viejitos que por cierto no se encuentran allí hacinados como en otras cárceles lo están los presos comunes. Viejitos que al parecer no se encuentran en condiciones tan delicadas de salud como uno puede ver cada vez que tienen que ir a declarar nuevamente a un juzgado (todos los días se descubren nuevos crímenes de los que son autores), y que salen de allí sonrientes y dicharacheros. Viejitos que si uno tuviera necesariamente que definirlos de una forma clara y precisa diría: viejitos de mierda.

Pero lo que sucede es que la Sra. Lucía Topolanski también era senadora en el año 2005, y allí votó una ley, la Nº 17.897, cuyo nombre es “Libertad anticipada y provisional. Régimen excepcional”. Y sucede que en su artículo 9º se habla de la “Prisión domiciliaria”, agregándose esto al Código del Proceso Penal, y dice: “El Juez podrá disponer la prisión domiciliaria de personas procesadas o condenadas mayores de setenta años, cuando ello no involucre riesgos, considerando especialmente las circunstancias del delito cometido”.

Y como se ve, ahí dice que es “el Juez” quien podrá disponer, y como la señora Topolanski no es juez, sino senadora, no se entiende mucho como va a hacer para mandar a sus “viejitos” para la casa.

Pero además, ese mismo artículo establece excepciones para este instituto de la “Prisión domiciliaria”, y dice que “…no será aplicable a los procesados y condenados que hayan cometido los siguientes delitos:

1) El delito de homicidio cuando concurran las circunstancias agravantes previstas en los artículos 311 y 312 del Código Penal.

2) El delito de violación.

3) Los delitos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Ley N° 17.510, de 27 de junio de 2002)".

Como estos “viejitos” tienen en su haber una colección de los delitos incluidos en los tres puntos, no solo la señora Topolanski sino que tampoco ningún juez podrá mandarlos para la casa.

Por si esto fuera poco, la señora Topolanski acaba de votar una ley que dice que los delitos cometidos por estos “viejitos” son de lesa humanidad. Y como son de lesa humanidad, además de imprescriptibles también son no excarcelables. Y esto es así porque la señora Topolanski también votó otra ley (la Nº18026), en el 2006, que tipifica los delitos de lesa humanidad en nuestro país, y que en su artículo 8º establece la improcedencia de la amnistía o similares para esos delitos: “Los crímenes y penas tipificados en los Títulos I a III de la Parte II de la presente ley, no podrán declararse extinguidos por indulto, amnistía, gracia, ni por ningún otro instituto de clemencia, soberana o similar, que en los hechos impida el juzgamiento de los sospechosos o el efectivo cumplimiento de la pena por los condenados".

Así que no hay modo señora senadora. Ahora que están tipificados como delitos de lesa humanidad, además de ser imprescriptibles no son excarcelables por ningún método. Salvo que usted esté pensando en derogar estas leyes también para poder beneficiar a esos “viejitos”, que además de viejitos son unos reverendos hijos de puta....

NI VÍCTIMA NI INGENUO (publicado esta semana en VOCES)

La aseveración de Sendic: “si es de izquierda no es corrupto, y si es corrupto no es de izquierda” , es falsa (como tanta cos...