CAMBIO DE FRENTE (3a. parte)



En nuestro anterior artículo decíamos que los elementos centrales del Consenso de Washington son la apertura comercial, apertura financiera, apertura a la inversión extranjera directa, disciplina fiscal, eliminación de subsidios, privatización, desregulación, y que estas son medidas que tienen una sola lógica: generar una mayor acumulación capitalista. Y decíamos también que, desde nuestro punto de vista, un gobierno de izquierda debería tomar medidas que fueran en el sentido contrario (un cambio en el modelo productivo), y que apuntaran a la redistribución de la riqueza.
Coincidimos con Mujica: “Esta fuerza política (el FA) es la única que auténticamente puede emprender una transición histórica; una transición que abra nuevos rumbos en el país y signifique un punto de ruptura real con el modelo neoliberal y, a la vez, un punto de partida para una verdadera refundación nacional. No hay otra fuerza en esas condiciones” (1).
EL PCU Y EL FA
Para nosotros, comunistas, el Frente Amplio forma parte de nuestra concepción de la vía uruguaya al socialismo. Aspiramos a una sociedad donde los fundamentales medios de producción sean propiedad del pueblo, donde el poder pertenezca a los trabajadores, donde no exista la explotación del hombre por el hombre, donde libertad política y libertad social vayan de la mano, donde la humanidad acceda a la justicia social. Y no hemos renunciado ni a un solo principio, hemos sido y seguiremos siendo inclaudicables en nuestra ideología. Aquella contradicción de la década del 60, en la que por un lado había un movimiento sindical unido y combativo, que unía la reivindicación al programa, que paraba y ocupaba, y por otro lado una izquierda dividida en el plano político, con masas que fluctuaban de una elección a otra en el marco del bipartidismo, para nosotros se resolvía en el 71 con la creación del FA. Una expresión política que colocaba a los trabajadores, a los asalariados, a las capas medias, en la perspectiva del poder y en la posibilidad política real de un programa transformador de la sociedad, que acabara con la dependencia, con el dominio de la oligarquía, que posibilitara cambios profundos, que desarrollara la democracia en el plano social, que le diera un carácter participativo a la clase obrera y al pueblo.
Esa visión sigue vigente, y con el FA, con los trabajadores, con los intelectuales y los estudiantes, con las capas medias, con la gente del campo, estamos seguros que podemos construir un Uruguay democrático, productivo y con justica social, independiente y soberano, que logre romper con las cadenas de la oligarquía y el imperialismo, y que un día, si esa es la voluntad del pueblo, nos conduzca a una etapa superior, al socialismo.
EL PROGRAMA
Ahora bien, el programa del FA no es un programa socialista, pero es un programa democrático avanzado, sin dudas, y por lejos el mejor programa que pueda presentar el abanico político de nuestro país. El punto es que para romper con el modelo neoliberal, un gobierno del FA debe aplicar su programa en profundidad, y en su sentido más transformador. El punto es que un gobierno del FA se transforma realmente en un gobierno popular, democrático y avanzado, en la medida en que su programa se aplique en todos sus términos, y priorizando lo que allí se prioriza. Como bien señala Jorge Notaro: “El margen de libertad que tuvieron los equipos económicos de los dos gobiernos del Frente se utilizó priorizando la estabilización de precios y los estímulos a la inversión sin priorizar grupos sociales. Se implementó una parte de los lineamientos programáticos y de una forma que impidió o limitó la implementación de otros”.
El caso de la ley de PPP es un caso a analizar en este sentido. La participación de lo privado en lo público, es una mínima frase dentro del gran capítulo denominado Uruguay Productivo e Innovador. Allí se dice que “El programa para los próximos cinco años deberá consolidar los importantes logros alcanzados y profundizar los cambios para sentar las bases del desarrollo sostenido en el largo plazo. Esto implica operar sobre la estructura productiva del país, y la elaboración de un Proyecto Nacional de Desarrollo, basado en un rol activo y orientador del Estado en un proceso de crecimiento con distribución y justicia social. Las políticas productivas deberán tener una relevancia superior”.
Sin duda es poco lo que se ha hecho para “sentar las bases del desarrollo sostenido en el largo plazo”, cuando nuestra economía sigue sustentándose en los buenos precios de las materias primas producto de la especulación de los grandes capitales y del valor de las monedas. Desde luego que muy poco se ha operado sobre la estructura productiva, que no ha hecho más que concentrarse, primarizarse y extranjerizarse, y el crecimiento con distribución y justicia social, es apenas una discusión que -entre otros- pusimos sobre la mesa pero que aún no ha dado frutos de ninguna naturaleza.
Se dice en ese capítulo también: “…la distribución del producto con criterios equitativos, de forma de atender las necesidades del conjunto de la población, reducir la pobreza y la desigualdad”, pero los números indican que la pobreza ha disminuido pero la desigualdad sigue en aumento. Dice también ese capítulo del Programa, que “Uno de los ejes centrales de la construcción de este proyecto son los recursos. La renegociación de los intereses de deuda con los acreedores privados y los organismos multilaterales de crédito deberá realizarse de forma tal de no poner en riesgo el desarrollo nacional y sus objetivos estratégicos”. Si esto se llevó a cabo no nos enteramos.
Y habla también ese capítulo de profundizar aún más la participación del Estado: “La participación del Estado en algunas áreas estratégicas con la conformación de entes testigos allí donde sea necesario, podrá constituirse en una palanca del desarrollo y una herramienta para transformaciones productivas profundas”. Sin embargo, de ese capítulo -extenso y muy rico en cuestiones ideológicas fundamentales-, nuestro gobierno eligió aplicar la frase que dice: “Es imprescindible definir una propuesta global que incluya la modalidad de participación estatal, con empresas estatales, extranjeras, regionales y en los modelos de asociación público-privada, así como la forma de reorientar el ahorro nacional hacia la inversión”, y de la frase –que en realidad pone su centro en la asociación de las empresas estatales con otras empresas estatales extranjeras, y preferentemente regionales- únicamente el aspecto que habla de la asociación público-privada.
EL GOBIERNO Y EL PROGRAMA
De manera que lo que parece claro es que, aún en el marco de una fuerza política que contiene en su seno sectores y partidos con diferentes ideologías y proyectos finales, es posible elaborar propuestas programáticas avanzadas y de consenso. Así ha sido a lo largo de la historia del Frente Amplio. Y lo que parece también claro, es que los problemas y los desencuentros se han manifestado de una forma preocupante una vez que llegamos al gobierno. Esto es, se han manifestado en el momento en que hay que aplicar, llevar a la práctica, los elementos programáticos definidos entre todos. Desde nuestro punto de vista, uno de los puntos clave entonces a analizar es la relación fuerza política-gobierno, ya que los graves problemas han surgido cuando desde el gobierno se hacen “opciones ideológicas” que desvirtúan el programa, y en determinados casos hasta van en dirección contraria al mismo. Al tiempo que se hace necesario analizar también la relación con las organizaciones sociales, ya que últimamente las acciones de nuestro gobierno han estado permanentemente enfrentadas a las posiciones de los trabajadores (PPP, AFE, Salud, Educación).


(1) Uruguay decide su futuro – Ediciones de Le Monde Diplomatique año 2004

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